Desde febrero de 2008, los contratos de financiación del BNDES incluyen la llamada Cláusula Social, que explicita el combate a la discriminación de raza o de género, al trabajo infantil y al trabajo esclavo en Brasil. El respeto a cláusulas sociales ya era condición previa para la contratación de financiación en el Banco. Pero, a partir de entonces, el veto a prácticas de discriminación pasó a integrar, de forma explícita, los contratos del BNDES. El ilícito comprobado podrá resultar en suspensión o en vencimiento anticipado del contrato.

La iniciativa resultó de demandas de la sociedad civil y del diálogo con los movimientos sociales, que defendían una postura del BNDES aún más nítida con respecto al repudio al trabajo esclavo, infantil o contra cualquier forma de discriminación, como la racial y de género. Con la Cláusula Social, el BNDES podrá actuar con mayor rapidez y rigor para cohibir eventuales prácticas criminosas en los proyectos que financia. Es decir, al constatar desacato a la legislación que trata del combate a la discriminación de raza o de género, al trabajo infantil y al trabajo esclavo, el BNDES podrá, de forma transparente y más ágil, suspender o exigir el vencimiento anticipado del contrato de financiación, imponiendo el pago inmediato de los desembolsos efectuados.

Eso muestra que el cumplimiento de los derechos sociales es una cuestión crucial en el proceso de concesión de financiaciones del BNDES, con la misma relevancia de las exigencias financieras y económicas impuestas a los clientes de la institución. Así, el BNDES perfecciona sus instrumentos legales de acción, con el fin de cumplir de manera más eficiente las prioridades de la política social del gobierno.

Además de los aspectos estrictamente legales, el hecho de que el Banco explicite los ilícitos en sus contratos también refuerza los instrumentos de control de los órganos gubernamentales y de la sociedad civil organizada, que pasan a contar con mecanismo para fiscalizar e investigar denuncias. De ese modo, el BNDES espera ampliar la acción integrada de todos en la fiscalización en contra de eventuales incumplimientos de derechos sociales.